*Por Mariana Alegre
El incendio ocurrido en San Juan de Lurigancho en enero pasado reveló no solo la terrible situación de la salud mental en nuestro país, también el riesgo que existe en establecimientos privados –así como públicos– de un incendio u otro tipo de desastre, pero sobre todo, la poca capacidad de respuesta para mitigar sus impactos.
Los incendios ocurridos recientemente en el mercado de Villa El Salvador y, nuevamente, en la zona de Mesa Redonda, deben generar un debate respecto de la preparación de la ciudad y de los ciudadanos para atender este tipo de emergencias.
Una ciudad, ante cualquier desastre natural o evento peligroso, debe activar un Plan y una Red de Emergencia de la que forman parte el Cuerpo de Bomberos, la Policía Nacional del Perú –incluso la Policía de Tránsito–, los establecimientos de salud (MINSA, EsSalud, Municipales y Privados), las municipalidades (serenazgos, oficinas de seguridad ciudadana y otras), Defensa Civil, las empresas prestadoras de servicios públicos (agua, luz, comunicaciones y gas) y otras entidades relacionadas. Este Plan debe funcionar y atender la eventualidad de un terremoto, un tsunami, las constantes inundaciones –huaycos y deslizamientos–, fugas de gas o derrames de productos tóxicos, apagones generales, explosiones e incendios. Incluso debe indicar cuáles serán los procedimientos para atender accidentes de tránsito y rescates en zonas peligrosas.
Veamos como ejemplo el Plan de Emergencias de la ciudad de Bogotá, Este plan determina las políticas, los sistemas y los procedimientos para atender adecuadamente una situación de desastre. Su objetivo es mitigar los daños y efectos negativos en las personas, los bienes, la economía, el medio ambiente y la infraestructura de la ciudad. A continuación, una muestra de lo que dice el Plan de Emergencia de Bogotá:
El Plan de Emergencias de Bogotá define las políticas, los sistemas de
organización y los procedimientos generales aplicables para enfrentar de manera
oportuna, eficiente y eficaz las situaciones de calamidad, desastre o emergencia
que se presente en Bogotá, con el fin de mitigar o reducir los efectos negativos o
lesivos sobre las personas, los bienes, la economía, el medio ambiente, y la
infraestructura de la ciudad. Mediante un sistema estructurado de matrices, planes
y protocolos provee disposiciones relativas a la clasificación de las emergencias,
las funciones y actividades, responsables, procedimientos, organización,
coordinación y recursos que son aplicables para la atención de emergencias.
Este Plan, además, menciona una serie de principios que lo regulan, entre los cuales se encuentran el de Responsabilidad y Coordinación para atender a las víctimas y poblaciones afectadas, garantizar la gobernabilidad y mantener la seguridad pública, así como satisfacer las necesidades básicas de la población para sobrevivir e iniciar el proceso de recuperación lo antes posible.
Otro principio recogido en el plan colombiano es el de la Solidaridad Social. Este señala que todas las personas, naturales o jurídicas, tienen la obligación de “responder con acciones humanitarias a las situaciones de grave calamidad pública, desastre y/o emergencia”. En nuestro Código Penal, por ejemplo, está sancionado el no prestar auxilio a una persona que lo necesite. Esto se expresa en prácticas como la atención que ciudadanos puedan prestar a heridos, otorgar refugio en caso de desastres naturales, la utilización de la infraestructura de instituciones privadas como almacenes, hospitales de emergencias y/o refugios, entre otras.
La Participación es también un principio, según el cual “las comunidades poseen la capacidad para la organización y autoprotección, y por lo tanto, deben hacer parte de la solución”. Naturalmente, las instituciones públicas competentes deben garantizar la efectividad de estos procedimientos de participación ciudadana.
Una emergencia o desastre requiere una estructura logística importante. Los planes de contingencia deben ser administrados organizada y adecuadamente, para procurar la mayor eficiencia y eficacia en su accionar. Hay una serie de acciones que deben ponerse en marcha para hacer frente a los desastres. Aquí algunas, a título de ejemplo, considerando el incendio de la galería La Cochera:
- Controlar la emergencia (en este caso, apagar el incendio).
- Evacuar a las personas (del área afectada y las zonas aledañas).
- Resguardar la zona.
- Atender heridos.
- Proteger las casas y establecimientos ante la amenaza de saqueos o asaltos.
- Control de tráfico y despeje de vías para ingreso y salida de camiones de bomberos y ambulancias.
- Mitigar las pérdidas económicas (retiro de bienes).
Para poner en marcha estas acciones deben trabajar de manera coordinada: los bomberos, en caso de incendios o emergencias; la Policía Nacional y la Policía de Tránsito, para poner orden y garantizar la seguridad; la Red de Salud de la ciudad: es decir, hospitales públicos, Hospitales de la Solidaridad, clínicas privadas; la Municipalidad Metropolitana de Lima, con su cuerpo de serenos y oficinas vinculadas: Defensa Civil, Seguridad Ciudadana, etc.. Las demás municipalidades también pueden enviar apoyo, a través de personal, equipos y recursos.
Las empresas de servicios públicos también tienen una gran responsabilidad. Estas tienen sus propios planes de contingencia ante emergencias: cierre del suministro del gas, corte de energía, repotenciación de flujo del agua, etc., pero deben estar coordinados con la ciudad. La atención de la emergencia, además, debe extenderse al resto de zonas impactadas: congestión vehicular, que impide que camiones de bomberos lleguen a las zonas de atención; control de tráfico por parte de policías motorizados y cierres de zonas de influencia, por citar algunos ejemplos. Todas estas instituciones han de tener acordado un procedimiento de acción, y cada una de las partes deberá saber cómo actuar y cuál es su función.
Las autoridades, por ejemplo, deben saber comunicar oportuna y adecuadamente las informaciones vinculadas a la emergencia, el impacto producido, las vías de escape y las diferentes recomendaciones para la población. Esta información debe ser transmitida por los medios de comunicación a la ciudadanía, por lo que resulta conveniente una articulación con ellos para la emisión de mensajes oficiales en el caso de grandes emergencias.
Parte del trabajo de comunicación se debe realizar con anterioridad a la ocurrencia de una emergencia, a través de la promoción de una cultura ciudadana de prevención y atención de riesgos; pero sobre todo, para comunicar a la población, de manera fácil y entendible, cuál es el Plan de Emergencias y quién es el responsable de qué, para que así la ciudadanía pueda contribuir en la mitigación de las consecuencias del desastre y se vuelva parte de la solución.
Para seguir con el caso del Plan de Emergencia de Bogotá. Este considera la implementación de Planes de Divulgación para las comunidades escolares, con profesores y alumnos, desde la escuela hasta la universidad; para las instituciones públicas, para el sector empresarial y para los ciudadanos, a través de medios masivos de comunicación.
En el caso de la atención de la emergencia en el incendio de la galería La Cochera, conviene resaltar la adecuada labor de coordinación entre las diferentes instituciones públicas, a pesar de las limitaciones de recursos y personal. Colocar en la zona un hospital móvil de la red de Hospitales de la Solidaridad fue una medida oportuna e inteligente. El acordonamiento de la zona por parte de la policía no debe ser descuidado, al tener que apoyar en las labores de rescate. Esto evidencia la falta de personal para la atención de emergencias.
La entrega de datos erróneos o confusos puede empeorar la situación. Una rectificación adecuada y oportuna sirve para corregir este tipo de situaciones. En el caso de La Cochera, la información proporcionada por el Gerente de Seguridad Ciudadana sobre la licencia de la galería no fue la correcta, y eso llevó a confusiones y atribuciones de responsabilidad equivocadas.
Resulta importante revisar ahora la labor de prevención y fiscalización que los distritos realizan en sus jurisdicciones, así como los procedimientos para la obtención de las licencias y la verificación de su correcto cumplimiento. No debe sorprendernos que, luego del incendio, tanto la Municipalidad Metropolitana de Lima, así como las de Jesús María y La Victoria, hayan procedido a clausurar galerías inseguras en sus jurisdicciones. Algo que debe hacernos reflexionar es cómo las autoridades pueden hacer frente a este tipo de problemas, si es que, al querer hacer cumplir las normas, los afectados, naturalmente, se oponen y llevan el caso a los medios de comunicación. Por ello, la cobertura mediática debe ser muy aguda para saber qué acciones gubernamentales apoyar, de manera que las autoridades puedan llevar adelante esas medidas difíciles pero absolutamente necesarias para el bien de nuestra ciudad. A raíz del incendio en La Cochera, tanto medios de comunicación como ciudadanos han mirado, en su mayoría, con buenos ojos los cierres temporales de las galerías pero, por supuesto, aún hay muchas personas que no consideran importante la implementación ni la exigencia de medidas de seguridad.
Como ya mencionamos, el rol de los ciudadanos es fundamental en todo el proceso, en la etapa de prevención, pero sobretodo en el momento del incidente. La primera reacción de algunas personas, por supuesto, es atender a los heridos y ayudar a evacuar y retirar objetos. Sin embargo, esto se debe hacer solo hasta que llegue el socorro profesional, y con mucha precaución, por lo que es básico que todos los ciudadanos conozcamos de primeros auxilios y pautas básicas sobre cómo reaccionar ante los diferentes desastres, así como estar al tanto de las vías de evacuación existentes.
La ciudadanía debe hacer lo posible por no entorpecer las labores de rescate, retirarse y evacuar cuando se le solicite, y cumplir las instrucciones de los bomberos, policía y demás autoridades.
Cuántas veces, por ejemplo, se escuchan comentarios sobre el trabajo de Defensa Civil y lo complicado que resulta obtener una licencia de funcionamiento para un local. Quizá si el enfoque cambiara y las medidas de seguridad fueran vistas como una inversión y no un gasto u obstáculo, este tipo de actitudes dejarían de existir. Eso implica, por supuesto, que los ciudadanos asumamos la seguridad como un asunto que compete a cada uno nosotros. Del mismo modo, cabe preguntarnos: ¿cuántos de estos comerciantes afectados por el incendio tenían un seguro que les cubra ante emergencias como estas? Si ninguno o muy pocos lo tenían, queda demostrado la poca cultura de prevención y protección que mantiene nuestra sociedad.
El terrible accidente del tren en Bueno Aires, Argentina, confirma por qué una ciudad debe estar preparada para enfrentar grandes emergencias. ¿Está acaso Lima lista para atender con éxito desastres y emergencias de grandes proporciones? ¿Los operadores del tren eléctrico y del Metropolitano han coordinado con las distintas autoridades cuáles son los planes de acción ante este tipo de situaciones? ¿Existe un Plan de Emergencia actualizado y debidamente preparado? ¿Los ciudadanos conocemos las pautas que contiene para atender las emergencias? ¡Las mismas preguntas despiertan nuestros miedos!