El transporte público sigue siendo clave aun cuando su naturaleza masiva implique compartir un espacio reducido con otros pasajeros. Esto es porque traslada a la mayor cantidad de personas diariamente, conectando y acercando oportunidades. El Estado abandonó el sistema de transporte de nuestras ciudades, en especial a los buses que son el medio que más gente mueve. Esto trajo como resultado “la guerra del centavo”, un pésimo servicio y mala cobertura que permite la aparición de los colectivos. En suma, un desastre.
Ahora que ingresamos a la reactivación económica toca tomar medidas para que los buses no se conviertan en un foco de contagios como ocurrió con los mercados. Por ello se deben garantizar medidas de distanciamiento social y reducir el aforo en las unidades a la vez que permitir operar la flota al 100% cubriendo el costo de operación para que los conductores no busquen llenar el bus.
También se debe incorporar más unidades al sistema y cubrir las zonas no atendidas y con alta demanda de colectivos informales. Y no olvidemos proteger al conductor, separándolo físicamente de los pasajeros.
Debe seguir promoviéndose la caminata, peatonalizando calles y zonas enteras, y la bicicleta, pero en condiciones seguras, disminuyéndose la velocidad de los vehículos motorizados en las pistas. De esta manera también se descongestionan los buses. Por supuesto, hay que dotar de carriles exclusivos para el transporte público dándole fluidez a sus recorridos y mitigar las esperas adicionales que tendrán que sufrir los pasajeros. Además, se debe digitalizar el cobro de los pasajes e incluir tecnología de predictibilidad de viajes y de aforo para que podamos “reservar” espacio en los buses. A la par, las ciudades deben contar con sus planes de movilidad y transporte con enfoque de movilidad sostenible.
Por último, no es descabellado pensar en un pasaje gratuito, en especial, para las personas más vulnerables. El transporte público es un derecho y un servicio público que debe ser garantizado. En una recesión debemos permitir que las personas puedan acceder a puestos de trabajo y esta es una forma de reducir las brechas.
Todo esto podrá realizarse si el Estado apuesta por invertir en el transporte público (y, de paso, reactivar el sector, formalizarlo y promover la economía) para garantizar que los operadores no quiebren y puedan garantizar el servicio, pero, por supuesto, con condiciones. Es decir, la reforma del transporte público es el camino para disminuir el riesgo de contagio y mejorar nuestros sistemas.
Columna de Mariana Alegre publicada en Perú21.
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