“¿Podría ser cierto que el Bicentenario de la República nos llevará a tener mejores ciudades para los próximos cien años?”
La crisis política permanente en la que vivimos nos deja muchas veces sin aire, pero, de cuando en cuando, nos regala algunas islas para tomar aliento. Quizá lo más importante en estos tiempos de emergencia es que el gobierno de transición ha asegurado la tranquilidad de todos los ciudadanos mayores de 12 años, quienes podrán ser vacunados hasta fin de año. Pero otra buena noticia se encuentra en la reciente aprobación de la Ley de Desarrollo Urbano Sostenible como resultado del debate sobre los dictámenes 1797, 3953 y otros que contó con el abrumador voto favorable de 93 congresistas frente a nueve abstenciones.
La gestión de la ministra Solangel Fernández destaca pues le ha hecho frente, en este cortísimo tiempo, a muchos asuntos trascendentales que fueron ignorados por sus antecesores. Ya sea por desconocimiento, desinterés o por intereses propios, la verdad es que no se ha avanzado sino en repetir la receta de titular a punta de papel nomás y no generando ciudad ni ofreciendo calidad de vida. Así pues, el crecimiento urbano ocurría por inercia (y mafias) antes que con planificación y buena promoción.
Esta nueva ley, junto con la también aprobada Política Nacional de Vivienda y Urbanismo, le ofrece a nuestro país la verdadera posibilidad de atender y gestionar las necesidades de desarrollo urbano de su territorio. A casi 200 años de su era republicana, el Perú podría recuperar aquello que nuestros ancestros, los incas y otras culturas peruanas, hicieron tan bien: ocupar el territorio armónicamente y construir estructuras en equilibrio y con respeto de su entorno.
Nuestra sociedad actual es un solo de demandas y la pobreza que nos invade perjudica más a quienes menos tienen. La desidia ha retardado la necesidad de transformar la gestión urbana para ofrecer alternativas de vivienda digna. Esta ley permitirá que los gobiernos locales aprovechen el incremento del valor del suelo urbano –que se genere a través de la inversión pública– recuperando plusvalías.
Esta nueva normativa permitirá gestionar derechos de edificación y la transferencia de los mismos para redistribuir o focalizarlos en zonas que requieran desarrollo. Además, asigna las funciones de un operador público de suelo que tanta falta hacía en nuestro país. Con estas nuevas capacidades podrían controlarse de mejor manera las invasiones y tomas de tierras para lograr evitar que más peruanos vivan a merced de quienes lucran con sus sueños de la casa propia o les crean las promesas imposibles a candidatos con hambre de votos pero sin vocación ni palabra. ¿Podría ser cierto que el bicentenario de la república nos llevará a tener mejores ciudades para los próximos cien años?
Columna de opinión por Mariana Alegre, publicada en Perú21.