La infraestructura que no tenemos

¿Cómo puede ser que uno de los principales problemas para el avance de la construcción de la línea 2 del metro de Lima sea la expropiación de los predios en la ruta designada? ¿O que por casi 10 años se hayan disputado los terrenos para la ampliación del aeropuerto internacional Jorge Chávez? En el Perú, existe una relación muy fuerte entre los títulos de propiedad, el acceso a la titulación de un predio y el desarrollo de proyectos de infraestructura.

Hace unos meses el Congreso de la República decidió ampliar el plazo de formalización de predios ocupados por posesiones informales hasta el 2026. El régimen para que posesionarias y posesionarios de predios sin títulos de propiedad puedan formalizar su situación, está vigente desde 1996. Cuando se diseñó esta política hace casi 30 años, era un instrumento populista del gobierno de Alberto Fujimori. Pero la idea era que fuera una solución temporal. De hecho se consideraba un paso para que eventualmente se llegue a tener un mercado formal de terrenos. Sin embargo, los resultados han sido lo contrario.

Cuando se comunicó la decisión del Congreso, se volvieron a resaltar los problemas conocidos. La falta de servicios básicos en los asentamientos humanos y pueblos jóvenes al igual que los riesgos a la salud personal y pública que se generan en estas condiciones. Se tematizaron nuevamente la creciente desigualdad en el país y la falta de oportunidades fuera de la capital que causa que migrantes de diferentes regiones se muden a Lima para vivir en asentamientos humanos. También mostraron cómo las mafias que trafican terrenos se aprovechan de esta situación y a las autoridades locales que aún otorgan títulos de posesión como mecanismo populista para congeniarse con sus votantes.

Si bien estos son los problemas más visibles que se generan por este régimen basado en la posesión de tierras (como la avenida a la titulación), uno de los más graves no es lo que genera sino lo que impide. Cuando cualquier terreno en la periferia de una ciudad teoréticamente se puede convertir en distrito, si tan solo se ocupa por suficiente tiempo, es natural que la ciudad crezca a base de ocupaciones informales. Lo que esto impide es el desarrollo fundado en un plan urbanístico y que cumpla con las diversas necesidades de una ciudad. 

Aunque este tampoco es un problema desconocido, cuando se habla de planeamiento urbanístico la mayoría de personas piensa automáticamente en un plan para construir distritos nuevos que cuenten con los servicios básicos y con vías de acceso. Sin embargo, para que una ciudad sea funcional para sus habitantes se necesitan diferentes tipos de infraestructura. 

Más allá de carreteras, aeropuertos y metros, se necesitan también plantas de tratamiento de aguas residuales y rellenos sanitarios. La infraestructura de este tipo necesita espacios amplios y lo suficientemente alejados de donde vive la población para no afectar su calidad de vida, pero lo suficientemente cerca para que no se generen costos adicionales a los servicios. Sin el saneamiento físico y legal de los terrenos, es imposible aprobar una obra pública y este es justamente uno de los requisitos más difíciles de cumplir. Como no hay un diseño para la ciudad, no hay un área designada para los proyectos y cuando se busca un terreno que cumpla las características, para el inicio de la construcción es muy probable que parte del terreno haya sido tomada por posesionarias y posesionarios o que la ciudad se haya expandido. 

Tomemos por ejemplo la planta de tratamiento de aguas residuales de Sedapal en La Atarjea. Este proyecto está hace años en la lista de obras de cabecera de Sedapal y ayudaría mucho a aliviar el estrés hídrico de Lima. Uno de los impedimentos para su ejecución es que no hay un terreno en donde construir la planta. En el terreno previsto originalmente hay ruinas preincaicas y alrededor hay viviendas autoconstruidas directamente en el cerco de la propiedad de Sedapal. Entonces, en vez de iniciar un proceso de expropiación con cada vivienda, se ha tenido que rediseñar la planta para poder construirla en el terreno original. Cuando se llegue a construir, las vecinas y vecinos van a vivir incomodados con los olores que el tratamiento de las aguas pueda producir. 

Este problema no solo afecta a Lima, afecta a todas las ciudades emergentes del Perú. En Arequipa está planeado ampliar el relleno sanitario de la ciudad, para que pueda cumplir con los estándares ambientales vigentes y con las necesidades de la población. Pero un asentamiento humano construido por recicladores al lado del relleno sanitario se oponen a la expansión, porque afecta a la zona en la que viven. Lo mismo sucede en la construcción del relleno sanitario y la planta de tratamiento de aguas residuales de Huánuco. Estos retrasos en la ejecución también generan más costos para las localidades.

Entonces estas ciudades se quedan con presupuesto público asignado pero sin la infraestructura necesaria y sus habitantes se ven privados de servicios adecuados, porque simplemente no encuentran dónde construirla. No se puede tener ciudades sin un plan de crecimiento integral y al mismo tiempo dar licencia a que asentamientos informales definan la tasa y la dirección del crecimiento de la urbe. Para ponerle un final al horizonte interminable de la periferia de Lima se tiene que dejar de usar la titulación de predios ocupados como instrumento político populista. Es necesario que finalmente se se sobreponga el interés común sobre el de los que se benefician del régimen actual y de la informalidad. Por otro lado tenemos que dejar esta situación absurda en la que nos quedamos sin infraestructura que desesperadamente necesitamos solo porque no hay un lugar libre para construirla. Cada día que seguimos sin un plan urbanístico inclusivo que atienda las necesidades de la población, la desigualdad en Lima, y en el país, sigue profundizándose y cerrar las brechas que esto crea se vuelve más difícil.