Como ya se había vuelto costumbre, jóvenes kpopers se reunían en el Parque Castilla en Lince para pasar el rato, poner la música de la que son fanáticos y bailar. Pero un día de 2016 un grupo de estos kpopers fueron retirados del parque por serenos y fiscalizadores de dicha jurisdicción argumentando una recién aprobada ordenanza municipal. La municipalidad, en ese momento encabezada por el alcalde Martín Príncipe, hizo eco del reclamo vecinal de un pequeño grupo de vecinos quejones a quienes no les gustaba que estos chicos y chicas con ropa y aspectos extraños bailaran y pusieran música a –según ellos– elevados volúmenes. Por ello, promulgó la Ordenanza 376-2016-MDL.
Esta ordenanza prohibía la “recreación activa” y las manifestaciones en el Parque Castilla y ponía restricciones a la recreación en función del ruido que podías hacer según la zona (!!!) del parque en la que te encontrabas. Esta semana el Tribunal Constitucional, máximo órgano de derecho en nuestro país, declaró fundada la demanda de acción de inconstitucionalidad presentada por el colectivo Defiende el Parque Castilla. Una victoria para la acción colectiva ciudadana.
Pero, además de ser una victoria para los usuarios y defensores del Parque Castilla, la resolución del Tribunal Constitucional respalda nuestro derecho ciudadano al afirmar que “el acceso, uso y disfrute de las áreas verdes de uso público es libre para todas las personas en condiciones de igualdad”. Este es un espaldarazo a los movimientos de lucha que quieren garantizar que sus espacios públicos se mantengan, precisamente, públicos.
De igual manera, una virtud de la sentencia es que esos letreros de “Prohibido pisar el césped” ya no tendrán sustento pues el tribunal ha ampliado la interpretación de “recreación pasiva” para incluir no solo las actividades contemplativas, sino también aquellas actividades que ocurren dentro de las áreas verdes como picnics, juegos y actividades con mascotas.
Sin embargo, el Tribunal Constitucional también se pronuncia sobre el derecho a la ciudad y lo desestima al indicar que los objetos jurídicos que se buscan proteger con el mismo ya se encuentran protegidos en otros derechos constitucionales. El camino para lograr el reconocimiento del derecho a la ciudad es largo y en la teoría del Derecho no son pocos los juristas que se inclinan por esta interpretación.
Sin embargo, el derecho –aunque lentamente– también evoluciona y la lucha por el reconocimiento y protección de nuestros ciudadanos no para. Seguiremos apostando por el derecho a la ciudad para garantizar que todos los ciudadanos podamos tener una mejor calidad de vida urbana.
Finalmente, solo quiero agradecer a todos quienes hicieron posible esta victoria. Especialmente a Luis Enrique Pérez Pinto, Guillermo Gonzales y Cynthia Yamamoto, ejemplo del tipo de ciudadanos que necesitamos: comprometidos, valientes y perseverantes… porque es solo así que nuestras ciudades se mantienen firmes y fuertes con el poder de cada uno de sus ciudadanos.
Gracias, Luis Enrique, Guillermo y Cynthia, por hacer que tengamos un parque que triunfa y que seguirá triunfando. Vamos ahora por el derecho a la ciudad.
Columna publicada por Mariana Alegre en Perú21