Una herramienta que no debe dejarse de lado: el catastro

Al ocurrir un evento de desastre, uno de los efectos más importantes es el arrasamiento de las ocupaciones existentes, perdiéndose los linderos que organizaban la referida ocupación, lo cual resulta evidente, por ejemplo, al sobrevolar el territorio arrasado, sea por un terremoto, un alud o inundación. Al retirarse los escombros o las aguas resulta en muchos casos imposible identificar lo que había antes.

De no existir un catastro previo realizado por la autoridad local, tras un desastre, es incierto saber cuantas ocupaciones se han destruido, quienes eran los posesionarios, que se tenía construido, cuanto era el valor expuesto, lo cual genera especulación en las cifras y en el dimensionamiento de la atención tras el evento y la posterior reconstrucción, más aún cuando en esas zonas sin catastro, existía intervención del Estado, haciéndose evidente las deficiencias en la gestión territorial.

En zonas donde han ocurrido desastres y no existe un catastro previo, la cantidad de damnificados crece día a día, y por tanto las demandas al Estado son especulativas y exponenciales, generándose conflictos y enfrentamientos que obligan a realizar intervenciones con un exceso de sesgo político, no solucionando las causas de fondo del desastre. Lamentablemente en el Perú, no obstante ser un país altamente susceptible a peligros naturales, son escasos los gobiernos locales que priorizan el catastro, perdiendo la oportunidad de tener un importante medio de recaudación fiscal que le permita reducir su dependencia de las transferencias del Estado.

Los catastros no son vistos como una solución urgente, sino que terminan siendo impopulares, particularmente en pequeñas localidades, debido a que representan el mecanismo fiscal que obligaría a pagar tributos a los ciudadanos, generándose resentimientos y animadversiones que terminan por condicionar a la autoridad local, que finalmente opta por depender exclusivamente de los recursos públicos del Estado. Es por tanto imprescindible generar los mecanismos y herramientas políticas y fiscales que obliguen a que los gobiernos locales cuenten con catastros articulados y sistematizados, toda vez que permitirá dimensionar la base tributaria nacional sincerando a los contribuyentes en todo el territorio nacional.

De esta manera, al contarse con un catastro, los cambios en los patrones de construcción que se vienen dando en pequeñas localidades con el progresivo cambio de adobe a ladrillo y cemento sin pagar impuestos y sin supervisión, serían evidentes y fiscalizables, por lo que se debe romper esa dependencia especulativa de muchas localidades a los recursos del Estado y generar su propia base de ingresos con una herramienta que no debe ser dejada de lado, el catastro.

Las exigencias técnicas para que un municipio cuente con un catastro deben ser graduales y acordes con la realidad, además debe quedar claro que la finalidad es reconocer la ocupación y lo invertido en la ocupación para que sirva de insumo a las diferentes herramientas de la gestión pública, tales como la gestión de riesgo de desastres, la planificación urbana, registro de propiedad y la recaudación fiscal, y no venderse políticamente con la idea equivocada de generar derechos de propiedad, lo cual ha hecho que con la excusa del catastro por demanda social y política, se titule en zonas inadecuadas, lo cual nos está pasando la factura con el incremento de los eventos de desastre.